El número de ahogados desciende en las costas canarias respecto a 2022

Pese a que hubo cuatro muertes menos el pasado año, la cifra es preocupante con 71 fallecidos

El número de afectados, sin embargo, subió de 208 a 253

De izquierda a derecha, Sebastián Quintana, Pedro Quevedo, Pablo Rodríguez y José Gilberto Moreno, este martes en  el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria.

De izquierda a derecha, Sebastián Quintana, Pedro Quevedo, Pablo Rodríguez y José Gilberto Moreno, este martes en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria. / L. SÁNCHEZ

Lourdes S. Villacastín

Las imprudencias de los bañistas provocaron el pasado año 71 muertes por ahogamientos en las playas, piscinas y zonas de costa de Canarias. Una cifra, que aunque algo inferior que la de 2022 -cuatro muertes menos- debe seguir preocupando a la ciudadanía y las administraciones públicas, ya que supone un número importante de pérdida de vidas, sin contar con los que perecieron al llegar al hospital o quedaron con lesiones graves. En total, se produjeron 253 accidentes acuáticos en 136 playas del Archipiélago. Estas fueron algunas de las cifras que puso sobre la mesa la asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa este martes en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en la presentación del VIII Informe sobre accidentes acuáticos en Canarias 2023 que ha llevado a cabo.

Sin ir más lejos, este lunes pereció un turista inglés, de 30 años, en la playa del Pirata, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana de la isla de Gran Canaria. Se trata de la última víctima conocida en lo que va de año. El bañista se metió en el agua con bandera roja, según aseguró el presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana.

El incumplimiento de las normas y tratar de alcanzar la costa cuando la corriente está en contra y se está en situación de peligro son dos de los errores más habituales que cometen los bañistas que perecen, indicó el presidente de la asociación, dedicada a la divulgación y prevención de este tipo de siniestros. Desde 2016, fecha en la que comenzaron a recoger datos, hasta 2023 han perecido en Canarias un total de 533 personas.

Incidir en la divulgación

Pese a que el número de fallecidos descendió en 2023 un 4% respecto al balance del año anterior (74); el número total de afectados, sin embargo, se incrementó, pasando de 208 a 253. De ahí la necesidad de seguir insistiendo en la divulgación de este problema, así como incrementando la prevención y educación de estas malas prácticas que ponen en peligro la vida de los socorristas. Es lo que pusieron de manifiesto el presidente de la asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa Sebastián Quintana; el concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas Pedro Quevedo; el director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria Pablo Rodríguez y el director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología José Gilberto Moreno en dicho museo, donde se presentó el informe y donde tiene su sede la asociación.

Fallecidos por ahogamiento en Canarias.

Fallecidos por ahogamiento en Canarias. / El Día

El 54% de los casos ocurrió en las playas y el 35% en puertos y zonas de costa. El 7% sucedió, sin embargo, en piscinas naturales y el 4% en piscinas.

La mayoría de los ahogamientos ocurrieron en Gran Canaria y en Tenerife -24 muertos en cada isla-, seguida de Fuerteventura (12); Lanzarote (8); La Gomera (2) y El Hierro (1). La Palma y La Graciosa fueron las dos únicas islas en la que no se registró ningún ahogamiento.

El 68% de los que perdieron la vida eran bañistas; el 8% pescadores; el 7% submarinistas y el 3% realizaba actividades acuáticas en el mar. Un dato significativo es que el 10% de los fallecidos no estaban dentro del agua, sino que perecieron por estar en lugares peligrosos o indebidos o hacerse una foto cuando el oleaje está fuerte; entre otros factores.

La mayor parte de los fallecidos eran varones entre 55 y 70 años de edad. El 67% de los óbitos se registraron además en horario de tarde, cuando los equipos de salvamento, si existen en las playas, dejan de estar operativos.

Tanto el director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria como el concejal de Ciudad del Mar y el director del Museo Elder agradecieron el trabajo que realiza la asociación por visibilizar este problema, «difícil de entender», como dijo Pedro Quevedo; ya que se debe a la irresponsabilidad de la gente, y porque en Canarias supone la segunda causa de muerte, por encima de los fallecimientos en carretera.

La divulgación y la educación no sonsuficientes

La divulgación, la prevención y la educación parecen no ser suficientes para advertir del peligro que supone no respetar las banderas y la señalización que hay en las playas. Así lo pusieron de manifiesto el presidente de la asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa Sebastián Quintana; el concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas Pedro Quevedo; el director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria Pablo Rodríguez y el director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología José Gilberto Moreno. Todos coincidieron en que hay que seguir insistiendo en la educación, tanto de residentes como de turistas porque las imprudencias se dan en los dos colectivos. Los primeros por creerse conocedores del medio que pisan y, los segundos, por desconocimiento. «El mejor flotador es la información», dijo Sebastián Quintana.

El director del Museo Elder fue, sin embargo, más contundente respecto a la necesidad de que las campañas divulgativas de respetar las normas deben ir acompañadas de legislación, igual que ha ocurrido con los accidentes de tráfico en las carreteras, sobre todo a la hora de amonestar a aquellas personas que se saltan los avisos de peligro y ponen además en riesgo la vida de los demás al socorrerlos. También de la necesidad de que la ciencia vaya de la mano en la prevención y legislación para que, ampliando el conocimiento sobre las corrientes y el mar, las personas puedan interpretar también mejor el peligro de acercarse al litoral cuando no se dan las mejores condiciones para el baño.

En este sentido, Sebastián Quintana defendió la necesidad de que los ayuntamientos instauren y amplíen el servicio de socorrismo en las playas, así como la señalética de peligro pese al coste que ello supone y de que el Tribunal Supremo anulara el pasado año el decreto del Gobierno de Canarias de 2018 que obligaba a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a contar con un servicio de vigilancia y socorrismo en sus playas. También a que los socorristas, pese a no ser agentes de la autoridad, puedan mantener mayor comunicación con la Policía Local para, de este modo, advertir a los infractores dado que en estos momentos no se sanciona a nadie que se mete en el mar pese a tener bandera roja.