Torres, sobre el registro policial en Canarias por el 'caso mascarillas': "Todo lo que tengan que hacer, que lo hagan"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este viernes su colaboración con la justicia en la investigación de la Fiscalía Europea sobre el 'caso mascarillas' y que motivó que este jueves, durante unas doce horas, la Policía Nacional registrara las dependencias de la Consejería de Sanidad en Las Palmas de Gran Canaria.

"Todo lo que tengan que hacer, que lo hagan", ha señalado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press en la que ha dejado claro que es un asunto que "está judicializado y en investigación" y que el pasado jueves se inspeccionaron básicamente documentos internos y cuentas de correos, entre otras cosas.

Conrado Domínguez se acoge a su derecho a no declarar ante la Fiscalía Europea por el 'caso Mascarillas'

El ministro ha apuntado que la compra de material sanitario durante la pandemia "fue una labor tremendamente complicada en un momento muy difícil" y ha dicho que acudirá a las comisiones de investigación si le cita con "absoluta tranquilidad" a exponer lo que se realizó.

"Creo que se hizo una buena gestión", ha señalado, remarcando especialmente los datos de número de fallecidos, ingresos en hospitales o PCR que se hicieron en las residencias en comparación con otras comunidades autónomas.

"Dicho esto, y con toda la presunción de inocencia, si ha habido desalmados o personas que han incumplido la ley, que caiga todo el peso de las mismas sobre ellas", ha explicado.

El 'caso mascarillas' afecta a la gestión del Gobierno canario de Torres en la pasada legislatura por el que se investiga el pago de cuatro millones de euros a una empresa no especializada en material sanitario por un millón de mascarillas que no llegaron a ser entregadas --fueron eliminadas por Aduanas al ser falsas--.

La Policía Judicial registra el Servicio Canario de Salud en busca de archivos del caso Mascarillas

Entre los investigados del caso se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, a quien se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.